“La justicia está llamada a encabezar el discurso público contra la crisis”. Los 47 jueces decanos de España, que han suscrito esa afirmación, se han convertido estos días en la inesperada punta de lanza de un movimiento reivindicativo para paliar los efectos sociales del derrumbe económico. Sus iniciativas han removido los cimientos del Poder Judicial, han obligado al Gobierno a plantear reformas legales y han forzado a los dos principales partidos políticos a buscar fórmulas de consenso. Han sido algunos de esos jueces decanos los que han logrado en solo dos semanas que el Gobierno y los partidos se apresuren a cambiar la dura legislación sobre ejecuciones hipotecarias para poner coto a lo que los propios magistrados han calificado: de “auténtica lacra social”: los 400.000 desalojos que otras tantas familias han sufrido desde que comenzó la crisis económica.

“No podemos vivir de espaldas a la realidad, a la sociedad. No podemos ser tan insensibles. La venda en los ojos es la de la imparcialidad, pero no la de la insensibilidad”, señala el decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, para explicar que, en efecto, entre los jueces se ha producido un movimiento “sin precedentes”. La mayoría de esos decanos son profesionales por debajo de los 45 años, con todo tipo de tendencias o preferencias políticas. Dentro de la judicatura, son los únicos elegidos por voto directo de sus colegas en cada circunscripción, un hecho destacado por algunos de los más activistas. “Somos elegidos por nuestros compañeros y, por tanto, tenemos que trasladar lo que ellos, los jueces de a pie, nos transmiten”, enfatiza José María Páez, decano de Málaga. “Nuestra recompensa es dar un buen servicio a nuestros compañeros que nos eligen y a los ciudadanos. No queremos ni buscamos cargos o entrar en política”, declara Ángel Dolado, decano de Zaragoza.

Maria Josep Feliu i Morell, decana de los jueces de Barcelona, admite que ahora hay “un grupo muy activo de jueces” porque “somos”, añade, “ciudadanos de a pie, que también pagamos hipotecas, que vivimos la realidad”, señala. “Como juez, no eres un mero espectador”, comenta José María Páez.

La punta de lanza de ese grupo está formada por una comisión de 15 jueces, entre los que destacan los decanos de las ocho ciudades más grandes. González-Guija y Feliu i Morell son dos de ellos y pertenecen también al grupo de jueces que prepararon a conciencia durante semanas las tres jornadas de debate (los días 5, 6 y 7) que han reunido en Barcelona a los 47 decanos de España que representan a más de 2.000 magistrados. “Quisimos tratar especialmente los problemas derivados de la crisis, y no quedarnos solo en el análisis de nuestros problemas internos”, cuenta González-Guija. Por eso, uno de los temas estrella debatidos en esas jornadas fue el relativo a las propuestas de reforma de la legislación sobre desahucios.

Dos semanas antes, siete jueces habían enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe encargado por la propia cúpula de los magistrados en el que criticaban los abusos derivados de esa normativa. El texto habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del desalojo. El CGPJ desestimó el documento. Su redactor, el juez Pedro Luis Viguer, decano de Valencia, fue el ponente en Barcelona de un debate sobre el informe desechado. “Hay nuevas generaciones de jueces que han perdido el miedo a decir cosas”, comenta Viguer. “Ya está bien de estar mudos por un mal sentido de la responsabilidad. Tendría que decirlo el CGPJ, pero no lo hace”, añade el decano de Valencia.

El informe desestimado por el Poder Judicial fue apoyado “en su totalidad” y por unanimidad por los 47 decanos, pese a haber sido “lamentablemente rechazado de plano por el CGPJ”, como destacaron en las conclusiones de su reunión. Y es que, con su actitud, el Poder Judicial se topó con un problema añadido, puesto que el juez Viguer es considerado por bastantes de sus colegas “un líder” entre los decanos por su activismo en el análisis y elaboración de propuestas para mejorar la justicia. Así lo señalan varios de los magistrados consultados. Además, varios decanos —como los de Zaragoza, Valencia o Barcelona— sostienen que el documento ha cobrado mucho más relieve precisamente por haberlo rechazado el Consejo.

“Hemos levantado la liebre”, asevera la decana de Barcelona al hablar del informe de sus siete colegas sobre los desahucios. “Y nos ha ayudado el propio CGPJ al no asumirlo”, ironiza tras calificar lo ocurrido en la cúpula judicial como “esperpéntico”. “Alguien debería dar explicaciones.No entendemos por qué no se aprobó”, añade González-Guija.

Casi a la misma hora en que se difundían las conclusiones del cónclave de Barcelona, dirigentes del PSOE y el PP se reunían en Madrid para poner en marcha la reforma de la ley hipotecaria. “Han reaccionado seguramente porque no les quedaba más remedio”, afirma Viguer. “Les estaban adelantando por la izquierda y por la derecha en un movimiento vertiginoso” desatado a raíz de la difusión en EL PAÍS de ese documento el pasado 24 de octubre. “Hasta los políticos han tenido que reaccionar porque la sociedad tiene razón. Es una demanda tan evidente…”, argumenta Páez. José Luis González Armengol, decano de Madrid, pone de relieve que la actual legislación hipotecaria “provoca desigualdad entre las partes y, por tanto, hay que hacer correcciones”. “Los jueces se han puesto del lado de la sociedad, porque la cercanía a la sociedad es una función primordial de un juez”, afirma.

“Es preciso ser actores proactivos del cambio y no meros espectadores pasivos y vencidos de un estado insatisfactorio de cosas”, proclamaban los decanos el pasado miércoles, tras afirmar que se sentían “preocupados, y mucho, ante el drama social que ha supuesto la multiplicación exponencial de los desahucios debido a la crisis económica”. Por eso, los magistrados reclamaban “humanizar” la ley. A la vez, clamaban contra “la nueva lacra”, la corrupción, y exigían más medios para combatirla.

A los jueces decanos les preocupa también el aumento de litigios derivados de la crisis, que “ha embestido como un tsunami” en los juzgados propiciando “un insoportable estado de opinión que cuestiona no solo su efectividad sino incluso su independencia”, concluyeron en las jornadas de Barcelona. Pese a ese fenómeno, las medidas que se impulsan desde el Gobierno son “erráticas, de corto alcance, de simple remiendo”. Una de ellas llama especialmente la atención de la magistrada Feliu i Morell: la subida de tasas anunciada por el Ministerio de Justicia. “Es una barbaridad”, comenta la juez. “Se impedirá que los ciudadanos de a pie acudan a la justicia. Un señor que reclame algo por su despido va a tener que pagar 500 euros de tasa. ¿Por qué?”, se pregunta. “Me parece horroroso. No lo puedo entender”, concluye.

Ahora, los decanos son quienes más están levantando la voz, pero es en los juzgados, más calladamente, donde un grupo de magistrados, todavía no muy numeroso, intenta aminorar los estragos que en plena crisis causa la dura legislación española en materia hipotecaria. Se trata de jueces “especialmente comprometidos”, como lo describe una juez de Madrid, que encuentran resquicios y alternativas para no aplicar la ley con toda su crudeza aunque sin saltársela en ningún momento. Jueces de Pamplona, Girona, Barcelona, Torrejón (Madrid) o Elche han sido pioneros en dictar autos planteado alternativas a los desahucios, como la dación en pago, el alquiler social o la demora en los pagos.

José María Fernández Seijo, del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, se ha distinguido especialmente porque el año pasado elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la UE sobre un desahucio de un marroquí al que una caja de ahorros le aplicaba intereses de demora del 18%. “Soy activo en ayudar a colectivos de afectados”, asegura el juez, quien califica de “agresiva y severa” la legislación española al respecto. Juliane Kokott, abogada general del tribunal europeo, se ha decantado ya esta semana al asegurar que la ley española tiene que permitir al juez controlar si en las hipotecas se incluyen cláusulas o condiciones abusivas, algo que ahora no les estaba permitido.

En paralelo, casi un centenar de jueces han emitido también autos vanguardistas en los llamados procesos monitorios (el 50% de los que entran ahora en los juzgados civiles; 683.704 solo el año pasado), que son aquellos en los que, con la sola demanda del banco o la entidad financiera, se requiere el pago del deudor y, si en un plazo de 20 días no paga o no se opone, se procede a la ejecución mediante el embargo de bienes. Ese centenar de jueces vigila en tales casos si hay cláusulas abusivas o intereses exagerados y, si así lo considera, dicta la inadmisión de la demanda, que puede ser planteada de nuevo, pero ya en procedimiento ordinario, con más opciones de defensa para el demandado. Se trata de fórmulas destinadas a que a los afectados se les reclame lo que deben, pero no más. Similares herramientas legales se utilizan en esos juzgados para amparar a compradores de acciones preferentes o complejos productos financieros que han arruinado a numerosas familias.

Entre los jueces que ya han adoptado resoluciones de ese tipo destacan Raquel Alastruey (Barcelona), Ana María Álvarez de Yraola (Madrid), Edmundo Rodríguez Achútegui (Álava), Raquel Blázquez (Madrid), Guillem Soler (Barcelona), José Antonio Lozano (Almería), Rafael Fluiters (Madrid) o Ignacio Martín (Valladolid).

La juez Lourdes Menéndez, del juzgado de primera instancia número 39 de Madrid, se encuentra también en ese grupo. “Los jueces tenemos que aplicar la ley, pero también preocuparnos por sus consecuencias en las personas más desfavorecidas y no olvidarnos de la realidad social del momento en que la ley debe ser aplicada”, explica Menéndez. “Los tribunales no podemos ser el mar que engulle ordenadamente solo a los destinados a ahogarse”, comenta la juez citando la obra El Peso de la Prueba, de Scott Turow.

Fonte: El País