Le Monde diplomatique
edición chilena

junho de 2014

por María Isabel Matamala Vivaldi

El aborto y la estrechez de la democracia

En mayo pasado, un médico del Hospital Dr. Luis Tisné de Peñalolén violó derechos humanos de una adolescente de 17 años que en estado de vulnerabilidad física y anímica, demandó atención por hemorragia derivada de un aborto inseguro clandestino. La institución de salud cuya finalidad es curar, malversó su función y usó la historia clínica que es secreto profesional, como autoincriminación para denunciarla a la policía. La joven en peligro inminente de muerte, en lugar de recibir incondicional acogida y tratamiento de calidad técnica y humana, se estrelló con la persecución penal del Estado cuyo agente fue el establecimiento hospitalario, aprovechando su poder.

Durante años, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, solicitaron al Estado de Chile erradicar de los hospitales públicos la práctica de denuncia de mujeres con aborto complicado. Recién en el año 2009 el Ministerio de Salud (Minsal) respondió a la demanda y emitió una directiva, que en caso de aborto inseguro complicado hacía prevalecer la confidencialidad médico-paciente por sobre otras normas y sancionaba las denuncias transgresoras de la ética médica. Cabe señalar que en la dramática situación de peligro de muerte por aborto, el secreto profesional debe tener validez equivalente a la que se otorga al secreto eclesial de confesión que, como es sabido, no admite objeciones…

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