Las discusiones de Reforma al Sistema de Salud, consecuencia de las dinámicas que se gestaron a partir de la promulgación de la Ley 100, generan posibilidades de mejora y también amenazas para nuestro ejercicio profesional. La actividad médica que se estructuraba en la relación médico-paciente y que se establecía en un entorno de confianza y de confidencialidad, súbitamente fue invadida por terceros que entraron a controlar la relación. Introdujeron a la actividad la lógica del mercado, la de la eficiencia y la del lucro.

A medida que se implantaban estos nuevos valores, la esencia de la actividad sanitaria y los fines de la medicina se desconfiguraban. Esto trajo como consecuencia la ruptura de la relación médico paciente que se ha manifiestado en pérdida de la confianza de los pacientes en sus médicos, dificultades en mantener la confidencialidad de la información, deterioro de la imagen social del médico, insatisfacción de los pacientes, demandas legles y ejercicio defensivo de la profesión. Pacientes y médicos hemos sido afectados negativamente.

En otro nivel, las profesiones de la salud también se han visto afectadas porque en esa transmutación de valores, sus integrantes difícilmente nos reconocemos como pertenecientes a un gremio, término estigmatizado. Con igual dificultad logramos definir el lugar que ocupan las profesiones en la estructura social, o las dinámicas de inserción social de la actividad médica. En ocasiones nos identificamos mejor con la figura de empresarios. Esto trae como consecuencia el debilitamiento del contrato social de la medicina y por ende, la pérdida de los privilegios que la sociedad le otorga a la profesión. Esto se puede constatar en la mayor regulación legal y administrativa de la actividad médica, lo cual implica la pérdida de la autonomía y de la autorregulación de la profesión, la devaluación de las decisiones médicas, el deterioro de la retribución económica y las condiciones laborales de los profesionales.

Concomitantemente, los intermediarios han logrado enormes ganancias económicas, crecimiento de sus patrimonios, consolidación en oligopolios y la capacidad de influir a su favor en las instancias legislativas, en una práctica muy cercana a la captura del Estado, de no ser porque el Estado mismo es gestor de la intermediación. Se trata de empresas que aprovechan cualquier oportunidad para restringir el campo de acción de nuestra especialidad, bien sea acusándonos de infringir la ley antimonopolio, o intentando derogar la Ley 6a., o declarando en medios de comunicación que nuestras tarifas son muy elevadas en una estrategia que busca justificar la reducción de nuestros honorarios.

Las discusiones de la Reforma al Sistema de Salud no son un asunto solo del Estado, o de los legisladores, o de los representantes gremiales, son un asunto de todos. Las discusiones giran entre consolidar la lógica del mercado en el sector o reconfigurar la actividad médica en torno a las necesidades de salud de los pacientes y de la población. Ello implica reencontrar el sentido de nuestra labor, restablecer la relación con nuestros pacientes, revalidar el contrato de la profesión con la sociedad y revaluar la legitimidad de los intermediarios. Esto nos debe interpelar y llamar a la reflexión y a la participación. La SCA está abierta a sus opiniones e iniciativas en este sentido.
Dr. Alvaro Valbuena Barrera

Secretario S.C.A.