Por Manuel Alejandro Rodríguez Rondón

En Chile, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados inició la discusión de dos proyectos de ley que buscan despenalizar el aborto por causales. A diferencia de años anteriores, diversos actores del país, entre ellos las feministas, se han mostrado optimistas respecto a la posibilidad de que el Congreso legisle positivamente sobre el tema y comience a saldar la deuda con las mujeres en el reconocimiento de la autonomía sobre sus cuerpos. El ingreso de nuevos actores al escenario político, la intensa movilización social en torno a cuestiones como la educación y los derechos sexuales y reproductivos, así como cambios en el debate sobre aborto y el apoyo definitivo del gobierno de Bachelet al tema definen una coyuntura favorable, señalan investigadoras y activistas.

El Código Penal chileno tipifica como crimen el aborto inducido bajo cualquier circunstancia. Aunque el llamado ‘aborto terapéutico’ fue regulado en el país por el Código Sanitario desde 1931, en septiembre de 1989 la Junta Militar derogó la normativa. Desde entonces se han presentado al menos 13 proyectos legislativos para modificar su estatus penal, la mayoría de los cuales han sido rechazados o archivados. Sólo dos aguardan su respectivo trámite en el Congreso: uno radicado en 2009, cuyo alcance se limita a los casos en que el embarazo atenta contra la salud de las mujeres; y otro que ingresó en 2013, formulado por la articulación de organizaciones y activistas por la despenalización del aborto terapéutico MILES Chile, y que contempla además las malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina, así como el embarazo producto de agresión sexual.

Diversos factores apuntan a que el actual debate legislativo tendrá un desenlace distinto. En primer lugar, cabe señalar el impulso que ha recibido el tema durante el actual gobierno de Michelle Bachelet, quien durante su campaña presidencial comprometió a la Nueva Mayoría (coalición política que agrupó a partidos de centro, centroizquierda e izquierda para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de 2013) a apoyar la despenalización del aborto en las situaciones señaladas.

Aunque en su primer gobierno Bachelet planteó la formulación de una Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, así como la eventual legalización del aborto por causales, la discusión de ambos proyectos de ley quedó estancada en el Congreso y para algunos incluso faltó voluntad política del gobierno en el trámite de los mismos. María Isabel Matamala –médica e integrante de la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir– señala que este sería uno de los aspectos que habría cambiado en el nuevo período de gobierno. En su opinión, el paso de Bachelet por ONU Mujeres le habría permitido “ver el protagonismo de los movimientos sociales de mujeres que durante varios años han presionado para que este debate se lleve a cabo”; lo que a su vez habría incidido en las posturas de la clase política del país, particularmente la coalición que ella integra, frente al tema.

Lidia Casas –profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales–, señala que el liderazgo asumido por el Ejecutivo, que prometió dedicarse al tema durante el segundo semestre de este año, resulta fundamental para el debate, en tanto “el sistema legislativo chileno es altamente presidencial”. Una vez concluido el período de discusión ordinario en el Congreso, explica la investigadora, “se abre un período extraordinario en donde la agenda legislativa la maneja más el Ejecutivo que el Legislativo”. A esto se sumaría la mayoría parlamentaria con la que cuenta Bachelet, que para algunos permitiría que la aprobación de la ley sea relativamente simple. La coalición que integra el gobierno cubre un amplio espectro político que suma 69 de 120 diputados y 22 de 38 senadores.

Otro aspecto clave ha sido el papel desempeñado por los movimientos sociales en Chile en los últimos años, particularmente el movimiento estudiantil, que contribuyó en cierta medida a la reconfiguración del panorama político y a la incorporación de nuevos actores a este y otros debates. En este sentido, Casas señala que la pérdida de las elecciones presidenciales de 2010 por parte de la Concertación de Partidos por la Democracia y el ascenso de un gobierno de derecha llevó a que varios temas “que estaban en el congelador” salieran con fuerza a la luz pública gracias a los movimientos sociales.

“La manifestación más grande de esto fue el movimiento estudiantil, que evidenció la desafectación de la opinión pública respecto a una coalición política que se había impuesto a sí misma una serie de censuras políticas. En ese marco aparecen temas ambientales, la reforma constitucional, el Acuerdo de Vida en Pareja para personas del mismo sexo y cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos. Si bien estos últimos derechos habían cobrando fuerza de forma paulatina, sólo hasta el año pasado se convirtieron en algo masivo, cuando más de 3.000 mujeres marcharon por la despenalización del aborto. Esto nunca se había visto”, afirma la investigadora.

Por su parte, Matamala destaca que en materia de aborto los sectores que más se han incorporado al debate actual provienen de movimientos sociales como el estudiantil, el de la diversidad sexual y organizaciones del ámbito de la salud. “Algunas organizaciones estudiantiles postulan que lo importante no es el cambio legislativo sino el empoderamiento de las mujeres, ya que la libertad se conquista a través de la autonomía. Pese a ello, han participado en las movilizaciones sociales por la despenalización del aborto”, afirma.

La médica apunta además la participación de actores como los colegios profesionales de salud, profesionales del derecho y centros de educación superior. “No sólo han participado las universidades que podríamos denominar ‘progresistas’, sino también las que aquí llamamos de ‘la cota mil’, aquellas que están en las alturas de la cordillera y a las que acceden sólo personas de muy altos ingresos. La Universidad Adolfo Ibáñez, por ejemplo, tiene un grupo de profesoras y profesores de derecho que está haciendo un importante aporte al debate. La academia está participando de forma inédita y muy importante también mediante la realización de seminarios sobre el tema”.

La participación de un sector jurídico que había permanecido al margen de las “grandes discusiones doctrinarias” le ha conferido gran vitalidad al debate, explica Lidia Casas. Al respecto cabe resaltar la participación de constitucionalistas jóvenes e integrantes del ámbito penalista en las manifestaciones públicas a favor de la despenalización del aborto. Al heterogéneo conjunto de interlocutores se suman otros que tradicionalmente habían sido escépticos frente a la despenalización del aborto. Al respecto, Casas subraya la participación del “colegio de matronas, que ha tendido a ser un gremio muy conservador, pero que hoy en día ha cambiado el rumbo y ha hablado de la necesidad de reformas en esta dirección desde el punto de vista de la equidad y la justicia social. Porque no sólo hay discriminación de género, sino también discriminación social en el acceso al aborto”, afirma.

En el ámbito legislativo, el panorama también ha cambiado en los últimos años. Varios de los otrora dirigentes estudiantiles, protagonistas de las movilizaciones sociales, son en la actualidad diputados y diputadas. “Una de las más conocidas a nivel internacional es Camila Vallejo, quien hoy es diputada por el Partido Comunista. Karol Cariola, que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, es matrona, de formación en obstetricia y hoy en día también diputada. Giorgio Jackson, diputado que venía del movimiento estudiantil y que fue representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica –del mundo progresista de esa universidad– está a favor de la despenalización del aborto. También está Gabriel Boric, de la izquierda autónoma, diputado por la Zona Patagónica de Chile. Entonces, hay nuevos actores y hay todo un mundo político en el Congreso que antes no estaba presente”, afirma Casas.

A esto se suma el ingreso del Partido Comunista a la coalición de gobierno, que para la investigadora de la Universidad Diego Portales ha “quebrado ciertas consideraciones” hacia el Partido de la Democracia Cristiana, el cual evitó durante 20 años que se planteara abiertamente el debate sobre aborto al interior de la Concertación de Partidos por la Democracia. “En la medida en que han ingresado otros actores políticos se han abierto las posibilidades frente a la discusión de ciertos temas”, puntualiza.

Debate en otros términos

Otro de los aspectos que diferencia la coyuntura actual tiene que ver con la forma como ha sido planteado el debate. En la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que abrió la discusión sobre los dos proyectos de ley, la Ministra de Salud Helia Molina explicó que sería el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y no el Ministerio a su cargo la entidad que estaría acompañando el debate, en tanto la despenalización del aborto atañe más a una problemática de derechos que de salud pública.

Aunque marca un giro importante en el modo como ha sido encarada la ilegalidad del aborto por parte de los gobiernos de la región, el argumento de la Ministra no debería sorprender si se tiene en cuenta el lugar que ocupa Chile en el panorama regional de mortalidad materna. Según la CEPAL, Chile y Uruguay son los dos países con la Razón de Mortalidad Materna más baja en América Latina. En 2008 ambos países registraron 26 y 27 muertes por cada 100.000 nacidos vivos respectivamente, lo que los sitúa en el extremo opuesto frente a países como Ecuador y Bolivia, que reportaron 140 y 180 muertes. En muchos de los países que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo o que cuentan con legislación restrictiva respecto a la misma, las complicaciones derivadas del aborto inducido en contextos de clandestinidad aportan un importante número de decesos relacionados con el embarazo. Este no es el caso de Chile, donde el éxito del programa nacional de Planificación Familiar y la popularización del misoprostol para la interrupción del embarazo redujeron ostensiblemente estas cifras en las últimas décadas. Al respecto, María Isabel Matamala señala: “si abordamos el problema de la mortalidad de las mujeres en Chile desde la perspectiva de la salud pública, sería más importante el tema del femicidio, porque por aborto mueren cada año alrededor de 4 ó 5 mujeres, lo cual es una cifra baja en el marco de la mortalidad materna”.

Este desplazamiento argumentativo también se observa en el discurso de las organizaciones sociales. “Hay un sector importante del movimiento feminista, al que se unen hoy sectores jóvenes y estudiantiles, que sitúa el debate y la lucha en el ámbito de los derechos humanos. Un sector más tradicional del movimiento de mujeres sigue enfatizando que el aborto es un tema de salud pública, pero esto también ocurre en el ámbito médico y el parlamentario, donde existe una resistencia a ubicar el aborto como un asunto de derechos No es que nosotras neguemos que sea un asunto de salud, pero de salud entendida en el sentido amplio, entendiendo la salud también como un derecho civil y político en donde las libertades, entre ellas la libertad de decidir, son un asunto muy importante. Parte del problema de hablar sobre aborto como un asunto de salud pública es que muchas veces se escamotea la posibilidad de discutirlo como un derecho”, asevera la médica.

Matamala destaca que este marco argumentativo aparece también en la prensa chilena, donde incluso diarios conservadores como El Mercurio han publicado columnas de opinión defendiendo esta postura. Asimismo, señala que este cambio también obedece a un desplazamiento del debate de un ámbito médico hacia otro del derecho, que si bien es incipiente ha empezado a adquirir gran importancia.

Por su parte, Casas celebra dicho desplazamiento argumentando que la perspectiva de la salud pública limita la comprensión y la formulación de indicaciones claras sobre interrupción del embarazo en casos de violencia. “Uno podría decir que la integridad física y psíquica de una mujer se ven comprometidas por una agresión sexual y un embarazo producto del mismo, pero el primer elemento que hay que considerar es la autonomía de las mujeres para decidir en el caso de una maternidad forzada. El mundo conservador intenta llevar la discusión casi exclusivamente a la indicación en salud, por lo tanto es importante la apertura del debate hacia el mundo de los derechos. Esto contribuye además a quitarle piso al típico argumento de que no es necesaria una modificación legislativa para asegurar o preservar la vida o la salud de las mujeres, en tanto la mortalidad materna asociada al aborto es baja en el país”, concluye.

Visiones jurídicas opuestas

Uno de los argumentos jurídicos que más ha sido esgrimido para rechazar la despenalización del aborto en Chile es que de acuerdo con la Constitución Política, “la ley protege la vida del que está por nacer” (artículo 19). En este sentido, toda iniciativa legislativa orientada a este fin sería contraria a la Ley fundamental del Estado.

Según el diario La Tercera, esta era la respuesta que el Estado chileno planeaba dar frente a las recomendaciones de Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Eslovenia, Suecia y Bélgica de legalizar el aborto en casos de violación, incesto y peligro para la salud de la mujeres, formuladas en su segundo paso por el Examen Periódico Universal, en enero de este año. De acuerdo con ese medio, el gobierno de Sebastián Piñera habría elaborado un documento con las recomendaciones que aceptaría y rechazaría el Estado este 19 de junio y en él habría consignado dicho argumento, el cual fue modificado por el gobierno actual. Esta interpretación jurídica es quizá el obstáculo más grande que deberá sortear una ley que despenalice el aborto por causales en Chile.

El gobierno de Bachelet ha cuestionado este argumento señalando que en Chile la personalidad legal es reconocida a partir del momento del nacimiento. Pese a ello y a que la ventaja que goza la Nueva Mayoría en el Congreso favorecería el trámite legislativo de la despenalización del aborto terapéutico, la amenaza de que la ley sea impugnada ante el Tribunal Constitucional aparece con claridad en el horizonte.

Felipe Ward, diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI), anunció que el partido está analizando distintos mecanismos para frenar la despenalización del aborto y uno de ellos sería acudir a dicho Tribunal. En este caso, el órgano judicial podría determinar que todo proyecto de ley que busque un fin similar requeriría una reforma constitucional, lo cual exigiría un quórum imposible de alcanzar en el Congreso actual.

Al respecto, Lidia Casas señala que Bachelet y Piñera expresan dos visiones frente al derecho constitucional en materia de aborto que han coexistido y que el desenlace dependerá en buena medida de cómo se defienda cada punto de vista. En su opinión la reforma constitucional no es necesaria, pero será el Tribunal Constitucional quien determine si un proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales constituye una violación o no a la norma constitucional. “Si la mirada del Tribunal Constitucional sobre el tema es la misma que en 2008 [cuando prohibió la distribución de la anticoncepción de emergencia o píldora del día después en el sistema público de salud], uno podría pensar que la ley va a pasar en el Congreso, pero será rechazada por el Tribunal Constitucional, con una votación muy dividida, como lo fue ese año”, afirma.

Para la investigadora de la Universidad Diego Portales, es importante recordar que en la lucha por el reconocimiento de derechos existen “enclaves jurídicos que tienen la posibilidad de decir la última palabra sobre el derecho aplicable o sobre la lectura de ese derecho”. Es por ello que el trámite en curso de los proyectos de ley en el Congreso sería sólo el principio de un largo camino.

Por su parte, María Isabel Matamala considera que la sociedad chilena ha demostrado mayor madurez que la clase política respecto al debate actual y que la discusión sobre aborto podría ir más allá de las tres causales. “En las organizaciones sociales consideramos que deberíamos estar discutiendo el aborto en términos de plazos, como en los países desarrollados. No obstante, estamos constreñidas a la situación actual. Nosotras vamos a seguir demandando que el debate se abra a otras posibilidades. Tenemos claro que se abrieron las compuertas y que el debate de aquí en adelante seguramente va a depararnos muchas sorpresas. Espero que no sólo debatamos acerca de las causales y de lo que se llama ‘aborto terapéutico’. Para nosotras, llamar aborto terapéutico al aborto por causales es también un reduccionismo, porque implica abordarlo sólo desde la mirada salubrista, sanitaria”.

Fonte: CLAM