El día 13 de agosto del presente año, decenas de miles de personas marcharon en protesta en contra de varias medidas del gobierno de Rafael Correa entre las que destacan su intento por pasar modificaciones que permiten su reelección. Demandaban también que cese la explotación petrolera y minera en áreas de biodiversidad y protegidas, el libre acceso a las universidades y la anulación del tratado de libre comercio con la Unión Europea.

La respuesta del gobierno de Rafael Correa ha sido la de movilizar a las fuerzas armadas y la policía para bloquear y amedrentar a los participantes así como detener y golpear a Carlos Pérez, presidente de la organización de los pueblos kichwas (ECUARUNARI), y Salvador Quishpe, prefecto indígena de la provincia de Zamora Chinchipe, asi como a la ciudadana franco-brasileña radicada por ocho años en el Ecuador, periodista de varios medios internacionales y profesora universitaria, Manuela Picq a quien además se le pretende cancelar la visa y deportar a pesar de estar casada con un ecuatoriano (Carlos Perez)

Se trata de movilizaciones populares e indígenas que tratan de defender los intereses y proyectos de los sectores tradicionalmente excluidos y oprimidos de la sociedad ecuatoriana y desde una perspectiva de izquierda. Buscan llamar la atención y presionar a un gobierno que en sus inicios se ha proclamado como progresista y representante de los intereses del pueblo en contraposición a las políticas neoliberales, pero que en más de una ocasión no ha sabido entender que, incluso bajo un gobierno así, la movilización y presión popular son necesarias para profundizar en las conquistas sociales y frenar los intentos restauradores de la derecha empresarial.

Adoptar una actitud represiva ante estas movilizaciones sociales, lejos de fortalecer los componentes del proceso progresista y revolucionario que ha vivido el Ecuador, tiende incluso a debilitar al gobierno frente a la derecha y facilitar sus pretensiones restauradoras. Por ello nos sumamos a la demanda de libertad sin cargos a todos los detenidos, cancelación de cualquier proceso de deportación de Manuela Piq y cese de la actitud represiva del gobierno ante los movimientos sociales populares en Ecuador.

Por la Asociación Latinoamericana de Medicina Social

Ana María Costa, Coordinadora General
Ana Lucía Casallas, Coordinadora Adjunta
Ricardo Santamaría, Coordinador Adjunto
Rafael González, Secretario Ejecutivo