Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá, Sr. Gustavo Petro. Dicha decisión pone en jaque la democracia colombiana y en riesgo las relaciones de Colombia con el resto de los países de democráticos del mundo.

El procurador general Alejandro Ordóñez ha excedido sus competencias y capacidades legales al destituir un alcalde electo democráticamente. Es sabido que, en el marco de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no es posible que un funcionario destituya un gobernante elegido popularmente. Concretamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe condena, por un juez competente, en proceso penal.

Las actuaciones de la Alcaldía de Bogotá en la puesta en marcha de un nuevo esquema de aseo en la ciudad y la inclusión de la población recicladora de la ciudad, más allá de posibles fallos en su implementación, no son motivos suficientes para inhabilitar un mandatario democrático.

Como es de conocimiento de todos, Colombia vive en la actualidad un excepcional momento en su historia política. La construcción de una salida negociada para salir del conflicto armado que ha sufrido durante las seis últimas décadas, es ahora una posibilidad real. En ese contexto, que supera las diferencias ideológicas para poner a toda la sociedad en un propósito común, el actual gobierno de Bogotá juega un papel imprescindible tanto como mensaje para el interior del país como hacia el corazón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

El hecho de que un ex integrante del Movimiento 19 de Abril – M19, hijo de un proceso de paz que consiguió la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (que abrió al país a la construcción de alternativas verdaderas para la participación democrática) haya ganado la elección popular para la Alcaldía de la Capital del país, constituye la certeza de que la paz en el marco de la democracia sí es posible.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos enfáticamente que se revierta la destitución e inhabilitación del Alcalde Mayor de Bogotá y se asegure que el Sr. Gustavo Petro puede volver a gobernar con todas las garantías que su mandato popular requiere.

CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES – CLACSO
Secretaría Ejecutiva